LA TIGRERA – 1987

La actividad minera ilegal en nuestro país se ha constituido en una problemática social que ha provocado grandes afectaciones al medio ambiente y un sinnúmero de casos de muertes que en su mayoría siguen siendo una tarea pendiente de los gobiernos de turno.

El desalojo en la mina “La Tigrera” es parte de los múltiples hechos que aún no han sido esclarecidos por parte de los entes de gobierno, y se continúa en la “búsqueda” de una justicia que se mantiene postergada por más de 30 años.

Múltiples versiones se han expuesto en torno al caso; tanto por parte de los medios de comunicación, los habitantes del sector “La Playa” y sociedad machaleña.

Lo acontecido en 1987, no solo, no ha sido motivo de controversia y generador de opinión pública, sino también, que se ha convertido como un ejemplo claro de muerte e injusticia vivida en nuestro país.

La Mina “La Tigrera” ubicada en el la parroquia El Progreso del cantón Pasaje de la Provincia de “El Oro”, en este lugar se encuentra el sector denominado “La Playa” el cual cuenta con un aproximado de 200 habitantes, la mayoría de ellos son familias de los afectados en el sucedo ocurrido en el año mencionado.

Nos acercamos al lugar de los hechos para hacer una reconstrucción de lo sucedido. Así nos encontramos con la señora Zoila Heras, hija del primer propietario de las tierras llamada mina “LA TIGRERA”.

Zoila nos relata la experiencia que vivió y sufrió cuando apenas era una niña, ya que sus padres no eran preparados académicamente, y en especial su progenitor que había caído en el alcoholismo, el cual desconocía el valor cuantitativo que tenían sus tierras ricas en oro. Un día un hombre de altos recursos económicos llegó al lugar con el ánimo de proponerle la venta de sus terrenos, aprovechándose de su estado etílico, accediendo a la venta por una cantidad muy inferior al valor real.

Esta familia contaba con 10 miembros conformado por 8 hijos y las dos cabezas principales del hogar. Zoila recuerda que el primer desalojo se suscitó cuando ella apenas era una niña.

Con el paso del tiempo la mina fue teniendo un crecimiento económico cuantioso, generando fuentes de trabajo a los habitantes de la Cooperativa 10 de enero. Al principio todo marchaba con normalidad, varias familias se beneficiaban de las plazas de trabajo, ya que esta actividad era un sustento económico para cubrir necesidades básicas.

Luego, en la mina se produce un gran conflicto de intereses entre los socios, provocando una fragmentación entre los propietarios y los trabajadores, y se toman decisiones extremas como dividir por sector las extensas tierras.

Zoila al igual que sus hermanos crecieron y sus estudios primarios fueron interrumpidos en 2do grado de básica, lo cual les permitió ver la magnitud de la venta ilegal y aprovechamiento del cual fueron víctimas sus padres. Como esta venta fue ilegal jurídicamente no existía un respaldo con papeles ya que los propietarios fallecieron y quedaron sus hijos como herederos legítimos, los socios de la mina aprovechándose de su poca cultura educativa les otorgaron a los 8 hermanos un valor minúsculo de $10.000 a cada uno, cuando les correspondía $105.000 por heredero.

Viviendo de su lucro sin considerar a los que realmente trabajaron para ellos que eran los mineros artesanales que protestaban por tener mejor pago y mejorar las condiciones del lugar donde laboraban; esto enfureció a sus dueños que ordenaron su desalojo.

El primer desalojo se dio por parte de policías y militares los cuales llegaron con una carta firmada por el Gobernador de ese entonces el Prof. Carlos Falquez Batallas, documento en donde ordenaba el desalojo inmediato de las tierras.

Después de un tiempo llego el segundo y tercer desalojo, en los cuales sucedió algo similar al primero, sin que se llegara a ejecutar el abandono de las tierras, debido a que los pobladores de ese lugar pusieron resistencia, dando como consecuencia un cuarto desalojo aún más violento.

La mañana del 30 de noviembre de 1987 fue crucial para todos sus moradores, porque no contaban con la sorpresa que les tenían preparado los dueños de las minas en conjunto con el gobernador “Carlos Falquez Batallas”, armando un plan maquiavélico, el cual fue llevar a gente disfrazada de militares y policías dotados de armamento y explosivos.

Así se desencadenó el desalojo más violento de la “Cooperativa 10 de enero”, ocasionando la muerte de aproximadamente 30 mineros y un sin número de heridos, cabe mencionar que las víctimas mortales fueron asesinadas de manera brutal el año mencionado.

Enlaces del material gráfico: